El 29 de septiembre de 1833 falleció Fernando VII. Quedaba abierta la incógnita de la crisis dinástica. Don Carlos María Isidro, exiliado en Portugal, publicó el 1º de octubre el "Manifiesto de Abrantes" haciendo valer sus derechos, sin invocar razones ideológicas, sino exclusivamente dinásticas, aunque en las últimas líneas se descubre el simplismo maniqueo que era propio de don Carlos, cuando menciona "el premio al bueno" y el "castigo al malo" que corresponden a Dios y a la ley.
Por su parte, Cea Bermúdez redactó otro manifiesto, firmado por la Reina Gobernadora el 4 de octubre, con la pretensión de atajar la guerra civil atrayéndose a la derecha realista. Por eso, la primera parte del manifiesto de la Reina promete no admitir "innovaciones peligrosas" y asegura que el primer cuidado de su gobierno sería mantener "la religión inmaculada que profesamos, su doctrina, sus templos y sus ministros", así como "conservar intacto el depósito de la autoridad real que se me ha confiado".
Sin embargo, en la segunda parte del manifiesto afirmaba la voluntad de efectuar "reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pueblo" aplicándose "el fomento de todos los orígenes de la riqueza". Este era el ideal del reformismo ilustrado de finales del siglo XVIII, que se había transmitido a través de Jovellanos hasta Cea Bermúdez, su biógrafo y heredero político, inclinado hacia una tecnocracia burocrática que, sin cambios ni traumas políticos, proyectara el progreso material del país.
El objetivo principal del manifiesto no se logró, ya que no pudo evitarse la guerra civil. Pero en aquellos instantes de crisis hizo posible el desplazamiento sin rupturas revolucionarias hacia el régimen liberal que se inició a los pocos meses con el sistema político del Estatuto Real.
Al estallar la guerra, los defensores de la causa de Isabel II, los "cristinos", llamados así por el nombre de la Reina Gobernadora, encontraron el apoyo de los liberales, que iban a llenar finalmente el contenido político de la causa de Isabel II y que supieron hacer bascular hacia ellos el centro del poder.
(...) Javier de Burgos hizo de puente ideológico al nuevo gobierno liberal que, desplazando a Cea, presidirá Martínez de la Rosa en enero de 1834. Los nombres de Martínez de la Rosa y de Javier de Burgos van unidos a la redacción del Estatuto Real.
Vicente Palacio Atard, La España del siglo XIX, Espasa-Calpe, Madrid, 1981, págs. 169-171.
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